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Por Glenda Mezarobba*

Desde el final de la Segunda Guerra, y en especial en los últimos 30 ó 40 años, se desarrollaron o se perfeccionaron distintos mecanismos para enfrentar el legado de violencia de regímenes autoritarios o totalitarios, lo que se conoce como justicia de transición. Sin embargo, no existen estudios que demuestren de manera fehaciente que estos mecanismos contribuyen efectivamente en la calidad de la democracia en construcción, o que constituyan medidas eficaces para obtener, por ejemplo, reconciliación. Entonces ¿cómo debe actuar cada país? ¿a qué se le debe dar prioridad?

El Derecho Internacional se ha desarrollado bastante y ahora tenemos, por lo menos, una serie de parámetros. No diría que son recetas estrictas, sino objetivos que los Estados están obligados a alcanzar a través de muchas decisiones de, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de otros organismos de derechos humanos. Actualmente se entiende que las obligaciones de los tratados de derechos humanos crean o avalan ciertas obligaciones afirmativas en lo que se refiere a crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. Ahora tenemos un marco normativo, que no estaba tan explícito hasta hace poco tiempo. Hay también prácticas nacionales y sociales que permiten, por lo menos, aprender lecciones. No necesariamente copiarlas. En el ICTJ, creemos que el sentido del marco normativo y de los estudios comparativos es el de entender —mediante un enfoque comprensivo y equilibrado—, distintos mecanismos de justicia transicional. Lo que no significa que sea posible elegir alguno de ellos. No es lícito que el Estado diga: nosotros no vamos a enjuiciar a nadie, pero vamos a ofrecer reparaciones. O que diga, vamos a hacer un informe de la comisión de la verdad, pero no vamos a pagar reparaciones a nadie. Cada una de estas obligaciones del Estado son independientes entre sí y cada una de ellas debe ser cumplida de buena fe. También reconocemos que cada país, cada sociedad, necesita encontrar su camino para implementar esos mecanismos. No es cuestión de traducir la ley que se sancionó en Sudáfrica y tratar de aplicarla en Indonesia. Hay principios que son universales y la obligación del Estado es cumplirlos; sin embargo, la forma, el método, le son peculiares. Nosotros no creemos que exista, por ejemplo, un orden estricto, que primero es necesario juzgar y castigar, y después instalar una comisión de la verdad. Cada país tiene que decidir lo que hace y cuándo de forma tal que no se cierren los caminos. Que no se diga, por ejemplo, de antemano: vamos a hacer una comisión de la verdad que va a durar diez años, para que después no podamos, por la prescripción, enjuiciar penalmente a nadie. Creo que acá es necesario aplicar el principio de la buena fe, y la buena fe es un concepto jurídico. El intento sincero de hacer lo máximo posible dentro de las limitaciones que se tienen. Por eso hay distintos modelos. Tampoco se puede decir: vamos a pagar reparaciones si no se sabe quiénes son las víctimas. A veces los juicios por la verdad tienen consecuencias muy prácticas. De ellos surge, por ejemplo, la posibilidad de hacer un censo de víctimas. En el caso de Perú incluso el grupo más exagerado erró en la estimación de víctimas, que la comisión de la verdad mostró ser dos veces mayor. Lo que quiero decir con esto es que si se hubiera empezado por el pago de reparaciones, la mitad de las víctimas —que era desconocida—, habrían quedado sin recibirlas. Se pueden encontrar argumentos para sostener un orden de los mecanismos en cada caso, pero lo importante es que se tenga un enfoque holístico, comprensivo y equilibrado al mismo tiempo. Porque si sólo hacemos juicios criminales, la justicia será incompleta y será frustrante para las víctimas. Yo también creo que los otros mecanismos de justicia transicional ayudan a superar lo que llamamos brecha de impunidad. A veces, con la mejor de las intenciones se castigan algunos delitos, pero no todos. Entonces, es necesario ir complementando lo judicial con lo no judicial, o hasta incluso lo administrativo, como es el caso de las reparaciones. Ésta es la razón por la cual nosotros insistimos en ese enfoque holístico, comprensivo.

¿Qué objetivos se deben tener en mente cuando se adoptan mecanismos de justicia de transición: se debe buscar la reconciliación, por ejemplo, a cualquier precio?

Yo creo que el objetivo final debe ser la reconciliación de las fuerzas antagónicas de cada país. No la reconciliación de los torturadores con sus víctimas, por ejemplo, o entre los que cometieron violaciones de derechos humanos y sus víctimas. Siempre hay un conflicto subyacente, sea en el contexto de la lucha contra la subversión, o contra el terrorismo, en el que se cometen las violaciones. Si el conflicto es tal, que hubo un enfrentamiento histórico entre sectores ideológicos o políticos, el objetivo de la reconciliación es necesario. Lo que sucede es que en América Latina especialmente, el término “reconciliación” ha sido mal utilizado, para justificar la ausencia de medidas de justicia, verdad, reparación de las víctimas o castigo de los responsables. Entonces, si la reconciliación se usa como sinónimo de impunidad, es lógico que las víctimas y la sociedad civil de modo general repudien el término. Pero yo creo que tácticamente esto es un error. Porque es ceder la palabra reconciliación al enemigo. Porque lo que ellos buscan no es la reconciliación; es la impunidad. Es necesario aclarar esto y no cederles esa palabra. Creo que la reconciliación es un objetivo fundamental de cualquier política de justicia de transición porque lo que no queremos es que se reproduzca el conflicto. En este sentido, todo lo que hacemos —justicia, verdad, medidas de reparación— tiene que estar inspirado en la reconciliación, pero la reconciliación verdadera, no la falsa reconciliación pretendida —en América Latina— como disculpa para la impunidad. La única manera de que haya una reconciliación seria y verdadera es mediante los mecanismos de justicia, verdad y reparación. Porque la reconciliación no puede ser impuesta por decreto; tampoco puede decidirse que, porque estamos reconciliados, no se hará más nada. Primero, porque el Estado no tiene el derecho de perdonar por las víctimas; cada víctima tiene derecho a decidir si perdona o no. Y, segundo, lo mínimo que se podría hacer, en la esfera de la reconciliación, sería exigir de los que violaron derechos humanos algún tipo de conducta que contribuya con la verdad, que exprese arrepentimiento o, incluso, un pedido de disculpas. En este sentido, no estoy de acuerdo con algunos organismos de mi país, Argentina que, con muy buenas razones, rechazan la palabra reconciliación, adoptando una postura de rechazo al propio concepto.

También está cada vez más claro que el tiempo es una variable a ser considerada en la ecuación de la justicia de transición. Incluso cuando las soluciones tardan en llegar ¿usted cree que el tiempo puede ser un aliado?

Sí. Yo creo que el tiempo es un aliado, pero no se puede confiar demasiado en que con el tiempo todo se resuelve. Hay algunos países donde el tiempo se convirtió en aliado, como Argentina y Chile; pero eso no quiere decir que no habría sido mejor hacerlo antes. Lo que muestran positivamente los casos de Argentina y Chile es que la primera intuición que teníamos cuando comenzamos a hacer esto, en la década del ’80, era equivocada. Teníamos la idea de que si no hacíamos todo en los primeros seis meses, perderíamos la oportunidad. Había una clara intuición en ese sentido. Se pensaba que si pasaban más de seis meses o de un año, la presión de otros problemas económicos o sociales favorecerían el olvido. También pensábamos que la oportunidad democrática podría ser efímera, que rápidamente podría acabar la primavera democrática. Lo cierto es que subestimamos dos cosas: las sociedades, que realmente querían ser democráticas; y el valor de la idea de justicia de transición y de la idea de que las víctimas tenían que ser respetadas y reconocidas. Creo que el peso moral que tiene la idea de que las violaciones de derechos humanos requieren una conducta del Estado en respeto a las víctimas es algo que descubrimos en la práctica, no es algo que sabíamos de antemano. Automáticamente la idea no se transfiere al conjunto de la sociedad, porque también en Argentina, en Chile, y en otros países había un movimiento de derechos humanos muy inteligente, muy capaz, que supo transmitir, con gestos morales y también con trabajo político práctico, esa agenda a la sociedad.

¿Usted cree que países que no están directamente involucrados en la problemática de la justicia de transición deben contribuir con esos procesos? ¿qué tipo de contribución pueden dar?

Sí, creo que sí. Pueden contribuir con recursos, fundamentalmente. En especial si los recursos se dirigen a la sociedad civil de cada Estado. Creo por ejemplo que si un Estado forma, de buena fe, una comisión de la verdad, como se hizo en Perú, y esa comisión va a requerir fondos, es importante que la comunidad internacional ayude. En Perú, la comisión no fue totalmente subvencionada por la cooperación internacional, el Estado peruano también invirtió bastante, pero sin la cooperación internacional ciertamente el trabajo hubiera sido mucho menos eficaz. En el caso de Liberia, la comisión de la verdad fue totalmente financiada por la cooperación internacional, porque el Estado de Liberia no reunía las mínimas condiciones. Y eso es un problema. En casos como el de Liberia, es importante que el Estado no crea que, como la comunidad internacional cubre totalmente los gastos de la comisión, no le cabe a él, Estado, hacer su parte, aceptar sus recomendaciones. Además, los países democráticos y desarrollados pueden ayudar de muchas otras maneras, no sólo con recursos financieros; por ejemplo, revelando sus propios archivos de inteligencia. En el caso de América Central, la información que se puede conseguir en los archivos del Departamento de Estado de los Estados Unidos es mucho más completa que la que se puede conseguir, por ejemplo, en los propios países, como Honduras, Nicaragua, o El Salvador. Y creo que esos países tienen la obligación de contribuir en esto. Cuba podría contribuir con importante información sobre otros países de la propia América, por ejemplo. Realmente, si estos países están interesados en la democracia, en la justicia y en el Estado de Derecho, deberían colaborar por lo menos aportando esa información. Un ejemplo: cuando se abrieron los llamados “Archivos del Terror”, en Paraguay, se descubrieron cosas que tenían que ver con desaparecidos argentinos. Por último, creo que los países desarrollados tienen que contribuir con una clara política que favorezca el Estado de Derecho y la búsqueda de verdad y justicia. Algunos donantes europeos empiezan a reconocer que la reconstrucción post-conflicto y la construcción de un verdadero Estado de Derecho no pueden hacerse en base al olvido, a la ausencia de memoria y sobre la impunidad. Entonces comienzan a insistir en que para dar recursos para la reconstrucción del sistema judicial, por ejemplo, el país beneficiado en contrapartida no puede rehusarse a juzgar casos de violaciones de derechos humanos simplemente porque éstas ocurrieron en el pasado. O que para ayudar a reconstruir la policía, es necesario que haya algún tipo de procedimiento que garantice que los que abusaron de su poder en el pasado no permanecerán integrando sus filas.

¿Por qué, de modo general, los Estados se mantienen tan insensibles a las demandas por verdad, manteniendo sus archivos secretos?

Siempre se habla de protección de fuentes y métodos. Éste es un poco el karma de usar los servicios de inteligencia. Es necesario entender que los servicios de inteligencia sólo pueden actuar en secreto, nunca van a tener mucho interés en revelar sus secretos. Primero, es un problema de concepción: ¿para qué se juntaron esas informaciones? Segundo, tiene que ver con la cultura del secreto. En las últimas décadas, y cada vez más, el Estado moderno se basa en la inteligencia y en el secreto. Ahí se ve una inercia para que no se revelen las cosas. Y, tercero, creo que los Estados que tienen la información, no quieren compartirla por no saber si en el futuro no se van a necesitar las fuentes de otrora. Son explicaciones pero no son justificaciones. No son para nada pretextos válidos. Y yo creo que de esa manera se termina no favoreciendo la creación de condiciones democráticas. Al contrario, se favorece el autoritarismo y la falta de democracia.

Argentina, que salió de la condición de paria y se convirtió en un paradigma en el campo de derechos humanos, viene retomando juicios contra individuos acusados de violar los derechos humanos durante el régimen militar. ¿En qué medida usted piensa que esa decisión puede influenciar otros países de la región?

No estoy muy seguro. Creo que Argentina tiene que seguir trabajando, y trabajando con más inteligencia. En este momento muchos juicios están en marcha, hay una catarata de casos, pero todo está muy caótico. Un juez abre uno, otro juez inicia otro. Por ejemplo, se abre una acción en una determinada jurisdicción contra un torturador por su actuación en determinado lugar, después se abre otro juicio contra el mismo acusado, por su actuación en otro campo de detención. Los testigos tienen que declarar repetidas veces en casos similares, lo que se vuelve cansador, además de afectar cuestiones de seguridad. Es necesario empezar a pensar en una política más racional, sin violar el principio básico de independencia del Poder Judicial. Los fiscales deberían coordinar los juicios. En la época de (el ex presidente Raúl) Alfonsín fue así. Los casos se acumulaban en lo que se conoció como “megacausas”. En este momento, por el contrario, todo está diseminado, disperso. Más que el Poder Judicial es la Fiscalía la que tiene una gran responsabilidad. Creo que la Fiscalía puede —y creo que no existe ningún obstáculo legal en la Argentina, aunque no exista mucha cultura en este sentido— organizar nacionalmente los juicios racionalizándolos y concentrándolos bajo las mismas reglas, decidiendo qué enfatizar en este momento. Si esto no se hace lo que va ocurrir es que permanecerá el caos atomizado, y se corre el riesgo de que, a mediano plazo, la gente se canse porque no aparecen resultados. Hace falta tener un poco de paciencia.

A partir de su experiencia como activista de derechos humanos, académico, ex-integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex-asesor especial de la ONU ¿cómo se imagina que sería posible hacer más efectiva la cooperación entre estos tres segmentos (sociedad civil, academia e instituciones públicas), especialmente en los países del Sur Global?

El hecho de que yo haya pasado por todo eso no quiere decir que sepa la respuesta. Creo que hace falta mucho esfuerzo para combinar estudios rigurosos y la reflexión que es propia de algunos académicos, con la eficacia de la acción concreta que se hace en organismos de la sociedad civil. Hay experiencias muy provechosas de las cuales se puede aprender sobre estas combinaciones. Pero falta, por un lado, que los organismos de la sociedad civil se profesionalicen y se vuelvan más rigurosos, sin perder la pasión y el compromiso. Es necesario reconocer que no basta estar convencido de que la causa es justa, es necesario abrir espacio, y para esto, saber convencer y para convencer se necesita mucho profesionalismo y rigor. Y eso se aprende en el mundo académico. Lo que no se debe aprender en el mundo académico es la tendencia a trabajar en una torre de marfil, a pensar que lo único que importa es la reflexión. Creo también que el rigor académico no es lo mismo que el rigor profesional de una ONG, por ejemplo. Son cosas que se nutren una de la otra, pero son cosas distintas. Hay algunas experiencias que combinan las dos cosas como por ejemplo, organismos científicos o educativos que están abocados al fortalecimiento de la sociedad civil, como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. No quiere decir que todo lo que hacen esté bien hecho, pero es el único que conozco que hace 30 años se viene dedicando a la educación de derechos humanos con un sentido de fortalecimiento y al servicio de la sociedad civil. Deliberadamente tal vez haya renunciado al prestigio académico y a dar títulos, para poder cumplir un papel, a lo largo de tres décadas, de capacitación de activistas. Y hay toda una tendencia a reconocer a las organizaciones independientes de la sociedad civil como actores dentro de este proceso. Los países verdaderamente democráticos la impulsan y eso ha hecho que se abran algunas puertas de organismos regionales e internacionales como las Naciones Unidas y la OEA, que hasta hace pocos años estaban cerradas a la sociedad civil. Esto crea más oportunidades para la sociedad civil y también la responsabilidad de ser independiente, de no ser manipulado por fuerzas políticas o inclinaciones ideológicas. Todo esto aporta lecciones sobre la verdadera naturaleza de la democracia, de cómo funciona en el marco cotidiano. Y esto en nuestros países de América Latina es muy difícil. Porque como la sociedad política es muy débil, cuando hay una primavera democrática, el Estado absorbe a los mejores cuadros de la sociedad civil. En algunos países esto sucedió más que en otros. En Chile, por ejemplo, la mayor parte de la gente que trabajaba en el campo de los derechos humanos, terminada la dictadura de Pinochet, pasó al Estado. Le ha costado mucho a Chile renovar los cuadros de esos organismos no gubernamentales. Claro que estas personas tienen todo el derecho del mundo a participar, y se trata de una participación muy digna, porque son gobiernos democráticos. Pero se produjo una laguna. En América Central, los grupos de derechos humanos no sólo ingresaron al Estado; como lo hicieron en partidos políticos distintos, opuestos unos a los otros, terminaron por llevar la lucha política al seno del movimiento de derechos humanos. Esto atrasa mucho al movimiento y perjudica la posibilidad que tiene la sociedad civil de impulsar mejor la demanda por justicia.

* Glenda Mezarobba es periodista, cursa su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de San Pablo (USP) y es autora de Um acerto de contas com o futuro – a anistia e suas consequências: um estudo do caso brasileiro, Editora Humanitas/Fapesp, 2006.