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Por Conectas Derechos Humanos. Entrevista realizada en julio de 2011. Original en portugués.

Traducido por Claudia Otero.

¿Cómo describe el panorama de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con los derechos humanos en Brasil hoy? Según su criterio, ¿qué es lo que cambió, tanto en el modo de actuación como en los resultados, en esta última década? ¿Qué nota de nuevo en el movimiento de los derechos humanos? ¿Qué está cambiando?

Es fundamental reconocer que hoy existe un sólido movimiento de los derechos humanos en Brasil que se viene constituyendo desde la década del 70, y con mayor intensidad durante el proceso de redemocratización a partir de los años 80. Es un movimiento diverso, con organizaciones locales, de activismo voluntario, comisiones en sindicatos, asociaciones, redes, consejos gubernamentales municipales y provinciales, y también institutos y organizaciones no gubernamentales que supervisan a los gobiernos en foros nacionales e internacionales. Hay un mosaico de acciones que incluye desde los movimientos sociales de base hasta las demandas de litigio internacional. Esto es raro, interesante e importante. Existe una lucha histórica por los derechos humanos en Brasil – la lucha por los derechos al trabajo y por los derechos de los inmigrantes son buenos ejemplos – que estructuró una base para que durante el período post 1964 un conjunto de personas y organizaciones comenzaran a constituir lo que es hoy el movimiento contemporáneo de los derechos humanos en Brasil. En este período se observó la expansión de las comisiones de los derechos humanos por todo el país, así como la apropiación por muchos grupos de la idea “soy un activista de los derechos humanos”. Las nuevas organizaciones de derechos humanos nacen, por lo tanto, en este ambiente fértil. Existe una primera generación de organizaciones que surgen en los años 80, cuya pionera tal vez sea la Sociedad Paranaense de Derechos Humanos (creada en 1979), y el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos en Porto Alegre, seguidas por el Gabinete de Asesoría Jurídica Popular (GAJOP), el Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de San Pablo (NEV//USP), el Movimiento Nacional de los Derechos Humanos al fines de los años 80. Estos grupos empiezan a atender a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, a hacer denuncias, proponer políticas públicas y supervisar a los gobiernos provinciales y federal en sus acciones. Recién en el año 1992, Brasil finalmente ratifica los Pactos de los Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y pasa a comprometerse con el sistema internacional de los derechos humanos de una forma más efectiva. Durante la década del 90, hay un fuerte desarrollo legal e institucional en el país con la ratificación de los principales tratados internacionales y la creación de la Secretaria Nacional de Derechos Humanos y de diversas instancias provinciales. Fue un momento rico e interesante, pero todavía con un foco excesivamente direccionado al escenario interno brasileño, para los problemas brasileños y para la sociedad brasileña.

A partir del año 2000, la novedad es la aparición de las nuevas organizaciones de derechos humanos, como Justicia Global, Conectas, Tierra de Derechos y el Programa de Derechos Humanos Internacional del GAJOP y de la Sociedad Paranaense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH). Estas organizaciones repiensan la situación de Brasil en el mundo, y cómo trabajar con los derechos humanos en Brasil en conexión a la nueva geopolítica internacional. Fue esta la experiencia que acompañé de cerca, que vi crecer, expandirse y tener éxito en los últimos 10 años. Creo que, en paralelo a la manutención de un rico movimiento de base de los derechos humanos en Brasil, había una laguna que ustedes (Conectas), entre otras organizaciones, vinieron a ocupar, que es justamente la propuesta de pensar un Brasil en el mundo, para mostrar lo que Brasil tiene para ofrecer y en qué aspectos puede mejorar.

Las organizaciones de derechos humanos enfrentan una enorme dificultad para medir y probar la eficacia de su trabajo, ¿Cuáles son las herramientas que cree más útiles para esta tarea?

Creo que los indicadores de resultado dependen de lo que la propia organización se propone desarrollar. El primer paso es que las organizaciones realicen este debate internamente, tengan claridad sobre lo que quieren alcanzar, y cuáles serán los resultados posibles de sus acciones. Tener la ambición de erradicar las violaciones a los derechos humanos es fundamental, pero exige saber con alguna precisión cuál es el proceso y cuáles son los pasos por este camino. Mi opinión es que las organizaciones deben ser ambiciosas sin ser voluntaristas. Deben tener un objetivo estratégico, y un plan de acciones concretas con indicadores. Esta es la herramienta para poder evaluar su progreso y dificultades durante la acción; muchas veces, en mi experiencia en la Fundación Ford, acompañé proyectos con objetivos muy amplios que se llevaron adelante paso a paso. Un buen ejemplo es la “primavera árabe”. Tal vez las organizaciones de Egipto no habían colocado en sus proyectos el objetivo de “destituir al dictador”, lo que podría parecer demasiado audaz; sin embargo, participaron de la destitución, preveían esta posibilidad como una consecuencia de la movilización política. Y fueron capaces de participar del movimiento de destitución como protagonistas importantes. Nuestro desafío es desarrollar sistemas de indicadores que mensuren esta participación.
Creo que el debate sobre la eficacia de los movimientos de derechos humanos es muy importante y debe formar parte de la literatura sobre los indicadores. Sin embargo, este debate no debe ser burocrático, sino partir de la pregunta fundamental sobre los contextos y la posibilidad de cambio social en el que se insertan las organizaciones. Solamente a partir de allí, es que se puede pensar en la eficacia de los resultados. Pienso que debemos dar este debate dentro del movimiento internacional de los derechos humanos, ya que el mismo contribuye para que entendamos nuestro lugar en el mundo de la política y de la transformación. Las organizaciones de derechos humanos defienden los derechos de las personas, en escala individual o colectiva, lo que impacta la economía, la política y la cultura. Creo, por lo tanto, que debemos “comprar” este debate sobre la eficacia y los resultados, y no evitarlos.

Una de las cuestiones levantadas por esta temática de la evaluación es cómo medir en el tiempo un cambio social o la “influencia” de las acciones políticas públicas. Donde existen varios actores que influencian una política pública, ¿cómo puede una organización reivindicar cierta autoría en determinado resultado, inclusive, y de ser posible, cuantificar el grado de esta influencia a lo largo del tiempo?

Creo que nuevamente depende de la autoría, o sea, depende de lo que la organización piensa que es capaz de hacer. Cuando se pretende influenciar la política exterior brasileña, la organización debe trabajar con lo que llamamos en la jerga “teoría del cambio”, o sea, la organización debe tener presente cómo promover tal influencia. ¿Cómo se influencia la política exterior brasileña? No es solamente editando boletines, ni únicamente conversando con las autoridades competentes, ni sólo criticando la política exterior en los foros internacionales. Es sí un conjunto de pequeñas acciones, en el cual todas estas acciones se vinculan. Por lo tanto, pienso que la cuestión de cómo le atribuimos nuestra responsabilidad al cambio, depende nuevamente, de cómo diseñamos nuestro plan de acción. Para influenciar la política exterior, primero se debe entender, lo que es la política exterior, saber lo que tiene equivocado, criticarla, conversar con las autoridades competentes, denunciar al país en foros internacionales, producir y divulgar estudios sobre el asunto específico, comprometer a otros colaboradores en este debate, proponer un comité dentro del Congreso, o sea, se debe tener una acción coordinada. Entonces sí, la organización puede capitalizar y afirmar su influencia en determinado resultado; defiendo que esa mensuración y afirmación de la influencia dependen de lo que las organizaciones establecen para si mismas, de lo que piensan que son capaces de hacer y de cómo piensan realizar tal plan de acción. También pienso que raramente una institución sostiene ella sola los cambios necesarios; ser modesto y capaz de reconocer el trabajo de los otros, forma parte de la construcción de una teoría de cambio que visibiliza lo que cada actor político tiene para dar.

¿Cómo deben lidiar las organizaciones de derechos humanos ante los financiadores, con la dificultad para mensurar la influencia en los resultados?

El mundo de los financiadores es diverso, compuesto de personas de distintas matrices ideológicas y filiaciones políticas, distintos sistemas de trabajo. Algunos financiadores pueden ser más restrictos, sin embargo, quien trabaja con los derechos humanos tiende a comprender el desafío de la mensuración, y ser más consciente de la perspectiva a largo plazo que caracteriza los cambios estructurales. Por otro lado, una organización no puede trabajar con la idea de “inconmensurable” en los informes para los financiadores, en tanto que para los donantes es fundamental entender los procesos de cambios, y cuál fue la parcela de responsabilidad de la organización en este cambio. Muchos financiadores construyen sus estrategias de donación a partir de la idea de acción coordinada de un conjunto de instituciones para alcanzar determinados objetivos estratégicos. En el caso de Conectas y el cambio del voto de Brasil con relación a Irán, por ejemplo, se puede decir que ustedes (Conectas) trabajaron en un contexto que inicialmente era desfavorable, pero por el hecho de que el presidente Lula amplió mucho su apoyo a Irán – y provocó un fuerte impacto nacional e internacional – y debido a la entrada de la presidenta Dilma – que tiene una percepción diferente de los derechos humanos, posteriormente ustedes pasaron a trabajar en un contexto más favorable. Esa contextualización indica la forma como Conectas se movió en ese escenario. Con tales informaciones tal vez no se logre medir exactamente el grado de responsabilidad de Conectas, por ejemplo, en el cambio de voto de Brasil en el Consejo de Derechos Humanos con relación a Irán, pero ellas son suficientes para indicar tal responsabilidad. En fin, creo que tenemos que asumir el desafío de intentar evaluar nuestras acciones, y no simplemente resistir a eso argumentando sobre las dificultades de mensurar la eficacia de los derechos humanos. Es necesario que las organizaciones sepan evaluar sus acciones, y más, saber si ellas tienen un impacto efectivo. Repito, debemos participar y contribuir en las iniciativas de evaluación de impacto.

Usted se involucró directamente en el fortalecimiento de la infraestructura de los derechos humanos de Sur Global. ¿Cuáles son sus comentarios sobre este esfuerzo?

El actual sistema de protección de los derechos humanos en el mundo se construyó a partir y en función de la Segunda Guerra Mundial y de su resultado. Dentro de este contexto, surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda la arquitectura institucional de la ONU, llegando a la Conferencia de los Derechos Humanos de Viena, en 1993, y la creación del Alto Comisionado de DH. La dinámica de este proceso fue dada por los aliados que vencieron la II Guerra Mundial en 1945 y mientras se elaboraba el DUDH, Inglaterra y Francia, por ejemplo, mantenían colonias en África. Por lo tanto, existe una contradicción que es intrínseca al sistema. Se concibió a partir de la alianza Europa – EE.UU., y la arquitectura institucional sigue esa lógica. No es casualidad que las instituciones de derechos humanos de la ONU se ubican en Nueva York y Ginebra, o sea, no estaba en el horizonte en ese momento de la concepción del sistema la inclusión del Sur. La década del 50 y 60 conoció la rebelión anticolonialista en los países africanos, lo que tuvo algún impacto sobre las instituciones de los derechos humanos, pero se enfrentó con el hecho de que los colonizadores eran los propios detentores de la arquitectura institucional de protección a los derechos humanos. La sociedad civil africana tuvo que luchar contra grandes protagonistas del sistema internacional de protección a los derechos humanos, como Francia e Inglaterra. En los años setenta, con el enfrentamiento a las dictaduras latinoamericanas, hubo algunos cambios. Los gobiernos dictatoriales eran elites militares nacionales y aunque el gobierno de EE.UU. tuvo un papel de colaboración con algunos gobiernos dictatoriales (conforme demostraron las investigaciones de reconocidas instituciones académicas de EE.UU.), las dictaduras eran un tema de los ciudadanos latinoamericanos con relación a sus respectivos gobiernos, o sea, la cuestión no involucraba un enfrentamiento directo con las potencias internacionales, como en el caso africano. Fue posible empezar a construir una solidariedad internacional concreta, y las dictaduras en Argentina, Brasil y Chile, modificaron un poco la lógica del sistema. Pienso, por lo tanto, que es a partir de los años setenta y ochenta que realmente el sistema de protección a los derechos humanos de la ONU empieza a ser invadido por cuestiones que exigen un compromiso de la ONU con los ciudadanos que no están ni en Europa ni en EE.UU. En América Latina, las organizaciones pasan a tener un protagonismo en el sistema de protección a los derechos humanos a partir de la década de 80, y en los países de la región, ahora libres de dictaduras, se inicia la conformación de una nueva sociedad civil. Esta sociedad civil empieza a accionar los mecanismos internacionales de derechos humanos.

La creación de la ONU – y de los sistemas de protección a los derechos humanos – fue históricamente concebida en un momento en el que no había organizaciones de derechos humanos en el hemisferio Sur, e incluso muy pocos grupos en el hemisferio Norte. De este modo, llegamos al año 2000 sin una infraestructura sólida de derechos humanos en los países del Sur. ¿A qué me refiero cuando hablo de infraestructura? Se trata de las condiciones esenciales para la defensa de los derechos humanos. ¿Cuáles son estas condiciones? Considero que, en países democráticos, son cinco: (1) marco legal de protección, (2) instituciones gubernamentales responsables, (3) organizaciones de derechos humanos fuertes (4) conocimiento técnico y académico sobre derechos humanos, y (5) sustentabilidad y comunicación. Es como construir un puente. Para que se pueda cruzar un río, es necesario tener un buen estudio técnico, un plan de construcción, materiales apropiados, vigas, cemento, y personas que trabajen. Un puente es una obra de infraestructura que posibilita el movimiento de personas, que abre caminos. Condiciones de infraestructura son para mí, aquellas que permiten que un determinado discurso o actividad se realice. En Brasil, no teníamos organizaciones sólidas. No teníamos un marco legal definido antes de los años noventa. No disponíamos de estudio, investigación y conocimiento sobre los derechos humanos. No contábamos con financiamiento regular, solamente de donantes internacionales. ¿Vencimos esta etapa? No totalmente, diría que estamos construyendo la infraestructura.

¿Cuáles fueron los avances en estos últimos años para la creación de una infraestructura de derechos humanos en Brasil?

Primero, vencimos prácticamente toda la agenda del marco legal. Brasil adhirió a todos los tratados internacionales, la Constitución Federal de 1988 afirma los derechos humanos, el país tiene su Plan Nacional de Derechos Humanos – como la Conferencia de Viena recomienda – y una Secretaría Nacional de Derechos Humanos. Creo que, en cuanto a la dimensión legal e institucional, se puede decir que Brasil está venciendo este desafío, lo que es muy importante, porque tener una base legal para poder actuar le trae mucha seguridad a las organizaciones. Imagínese los países en los que las convenciones internacionales no se ratificaron, ni tampoco los tratados de derechos humanos están en las constituciones: el nivel de dificultad para un punto de partida es mucho mayor. En Brasil, a su vez, esto es un terreno asentado, que proporciona seguridad para que las organizaciones trabajen. Segundo, creo que se avanzó en la cuestión de la información y conocimiento disponible. En la última década, se incorporaron asignaturas de derechos humanos a varios cursos de graduación y posgrado. Hoy existen, por lo menos, cinco buenas maestrías y doctorados en derechos humanos en el país. Hay un conjunto enorme de actividades de formación, talleres, seminarios, publicaciones sobre derechos humanos, libros, cartillas (producidas tanto por el gobierno como por la sociedad civil y la academia). ¿Es suficiente? Creo que no. Vivimos la primera onda, que es la divulgación de la información y no tanto la creación de conocimientos, pero eso es así, es un proceso. Las bibliotecas empezaron a tener libros sobre el tema. Hay estudiosos del tema. Hoy existe una asociación nacional: la Asociación Nacional de Derechos Humanos, Investigación y Posgrado (ANDHEP). Esto es infraestructura. La gente va a una biblioteca y encuentra un libro sobre derechos humanos. Esto es fundamental.

Tercero, creo que hay un desarrollo muy importante en el campo de las organizaciones, como mencioné anteriormente. Hay una nueva generación de organizaciones que se reformularon o que se establecieron a partir de la última década que va a lidiar con las violaciones a los derechos humanos, no solo entablando un debate interno en el país, sino también con la arquitectura institucional de las Naciones Unidas, a través de denuncias, acciones y litigio internacional. Existe la creación de nuevos fondos y fundaciones nacionales para los derechos humanos, como el Fondo Brasil de Derechos Humanos, que puede contribuir a la sustentabilidad a largo plazo. En el ámbito internacional, las organizaciones empezaron a actuar de manera no sumisa, cuestionando la geopolítica existente en la ONU, influenciando los debates en la Comisión de Derechos Humanos, y vinculándose con organizaciones de otros países y continentes. Se empezaron a crear redes de colaboración entre los países del Sur, lo que exige también mayor capacidad de comunicación en los grupos. Existe un desarrollo evidente de infraestructura, de capacidad operacional en la defensa y promoción de los derechos humanos en Brasil.

¿Cuáles son los desafíos que aún están pendientes en ese campo?

Son varios. Hablando específicamente de Brasil, creo que tenemos un desafío en cuanto a la sustentabilidad. La democracia brasileña completará treinta años y todavía no tenemos una base de sustentación de las organizaciones de derechos humanos en la sociedad brasileña. Las organizaciones aún dependen de financiación internacional. Los fondos creados aún son nuevos, están sólo empezando a construir sus trayectorias. El gobierno brasileño, a su vez, aún está aprendiendo a lidiar con la sociedad civil, y necesita definir mejor sus procedimientos. Pienso, por ejemplo, que la Secretaría de Derechos Humanos debe elaborar un mecanismo público de financiación regular de la sociedad civil. Esto es un gran desafío. El gobierno es responsable por las políticas públicas en esta área, pero no puede tratar el tema de los derechos humanos solo. Tiene que contar con una sociedad civil autónoma, crítica, y debería crear algún instrumento de financiación independiente para sostener los grupos y organizaciones. Un fondo público, que le permita a las organizaciones recibir financiación institucional de largo plazo. Este es un componente esencial de los regímenes democráticos que aún no se efectuó en Brasil, y que necesita definitivamente realizarse. Tampoco está claro en Brasil, y en muchos países del mundo, lo que es una política pública de derechos humanos. ¿Qué es una política pública? ¿Cómo se construye? ¿Cuáles son sus metas? De nuevo, ¿cuáles son los resultados? Si una organización debe pensar en sus metas y resultados, el gobierno tiene que hacerlo aún más. Muchas veces, los gobiernos se envuelven en resolver casos cotidianos, y pierden de vista las políticas estructurales que, a mediano plazo, pueden promover mejores condiciones para el país. En fin, aún hay muchos desafíos para que se llegue a un país que adhiere plenamente a los derechos humanos, sin embargo, como dije anteriormente, creo que avanzamos un poco en aspectos infraestructurales, o sea, ya tenemos algunos elementos para “hacer el puente”, aunque aún falten muchos pasos.

En el ámbito internacional, todavía lidiamos con la situación de que el sistema de derechos humanos opera principalmente en el hemisferio Norte. Hay cuestiones objetivas, como participar de una reunión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, o la audiencia de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en Washington; es necesario que la persona tenga visa, tenga que tomar un avión, tenga dinero; es mucho más fácil moverse dentro de Europa o de EE.UU. que de San Pablo, o de Johannesburgo o de Nueva Dehli. También está el tema de acceso al lenguaje de las Naciones Unidas, en fin, existen muchos desafíos estructurales para la participación de los activistas del Sur en los foros internacionales. Es importante crear foros internacionales regulares en los países del Sur, traer la ONU adonde vive gran parte de la humanidad. Existen también cuestiones culturales, de diversidad y diferencias. Pero este es un buen desafío para enfrentar.

¿Por qué las organizaciones de derechos humanos en Brasil han usado poco el litigio estratégico y han delegado parte de este trabajo en el Ministerio Público? ¿Cuáles son las consecuencias de esta actitud?

Primero porque existe el Ministerio Público (MP), teniendo en cuenta que en la mayoría de los otros países no existe. Tenemos que aprovechar el hecho de que tenemos una institución que tiene mandato constitucional para defender intereses públicos con un equipo altamente capacitado. Me parece inteligente que las organizaciones hagan un buen uso de esto: sin embargo, hubo una cierta ingenuidad al pensar que accionar al Ministerio Público sería suficiente. Con el pasar de los años, se verificó que la institución está dotada de una dinámica heterogénea, y no es correcto entregar todas las causas de interés público, de derechos humanos y sociales relevantes al Ministerio Público. Necesitamos tener un cierto nivel de autonomía, así como la capacidad de dialogar con el MP y supervisar sus acciones. Es este el momento en que nos encontramos. Construimos esa idea que podemos, por un lado, contar con el Ministerio Público, y también con la Defensoría Pública, pero por otro lado, que no debemos perder la autonomía. En fin, aprendimos que tenemos que promover nuestras propias acciones también, lo que exige mucha capacidad jurídica y política. En los últimos 20 años de experiencia en la relación con el MP, Federal o Provincial, tenemos situaciones muy interesantes. El debate, y el litigio, en torno a la construcción de la Usina de Belo Monte es un ejemplo. La actuación del MP en Altamira es decisiva para sostener las causas judiciales, sin embargo, la articulación de las organizaciones locales, movimientos de base y organizaciones indígenas con la Sociedad Paranaense de Derechos Humanos, con Justicia Global y con el Ministerio Público es la que lleva la causa a la OEA, la que provoca un gran impacto nacional. Pero hay una permanencia del trabajo jurídico local que sostiene el MP, que tiene un papel definido constitucionalmente y que es una institución fuerte. Segundo, redefinir una estrategia de litigio autónomo implica tener recursos humanos y financieros, por lo tanto, debe ser una prioridad para la organización. Litigio, para que salga bien, no se hace de vez en cuando, y sí de forma regular, organizada y con objetivos de largo plazo. Para construir una reputación en esta área es necesario saber abogar, tener conocimiento técnico, ganar las causas, ir regularmente a los tribunales, ser reconocido en la comunidad jurídica. De forma tal que una petición con el membrete de la organización provoque un impacto inmediato. Para esto, creo que es necesario que se haga una agenda muy precisa, porque no es posible acumular conocimiento y reconocimiento en varias áreas. Las organizaciones deben definir un tema, o una institución, como presidios u hospitales, y entender todo sobre la cuestión: procedimientos administrativos, leyes específicas, las jerarquías, quién toma las decisiones, etc. y armar sus estrategias para las demandas considerando este acervo. Creo que en Brasil, el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor ((IDEC) es un buen ejemplo de abogacía estratégica y eficiente. Yo, de hecho, tengo una cierta desconfianza intelectual en lo que se refiere a esa idea de emprender acciones eventuales, pienso que no construye capacidad de organización, no constituye un diálogo orgánico con el Poder Judicial y no crea un cuerpo de trabajo consistente. El mantra del litigio estratégico se vuelve estratégico en la medida en que piensa en futuro, o sea, no significa acciones aisladas. Conectas desarrolló una estrategia interesante cuando experimentó trabajar con un tema específico – que era el de los Centros de Detención Juvenil en San Pablo, pues se delimitó geográficamente y definió un objeto que hizo posible una serie de causas judiciales. Es la regularidad de las acciones lo que indica que la organización tiene una estrategia y no va a renunciar fácilmente, que permite producir cambios en las instituciones y reducir violaciones.

Pienso también que trabajar con el Poder Judicial en Brasil es uno de los desafíos de esta década. En un proceso de consolidación democrática debemos pensar en los diferentes poderes, en este caso, el Poder Judicial, y considerar cuál es el nicho para las organizaciones de derechos humanos en este campo. Hay un debate sobre la democratización del Poder Judicial, que exige un tipo de intervención, y hay un debate sobre la demanda por derechos humanos en el Judicial, que exige otro tipo de intervención. En ambas situaciones, hay un conjunto de instituciones estatales y no estatales que actúan en esta arena, como la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), MP, Defensorías, asociaciones de magistrados, fiscales, defensores, profesores, escuelas de derecho, con las que debemos actuar, sea en la complementariedad o en la alteridad.

¿Por qué, piensa usted, que las organizaciones de derechos humanos brasileñas han trabajado poco sobre la agenda de igualdad racial?

¿Por qué? Le devuelvo la pregunta a las organizaciones de derechos humanos brasileñas.

¿Cómo fue pasar de trabajar en una organización de derechos humanos a ser financista? ¿Cuáles son los desafíos de trabajar en una organización internacional de financiación, como la Fundación Ford?

Inicialmente no fue un problema, porque yo veía a la Fundación Ford (FF) en Brasil como parte del campo de los derechos humanos, y pensaba que mi papel sería entre bastidores: podría contribuir con otras organizaciones en la implementación de sus proyectos. De este modo, traté de establecer dos criterios de financiación, (1) de apoyo a la construcción de infraestructura de derechos humanos en Brasil y de (2) enfrentamiento a la discriminación renitente en Brasil – especialmente a la discriminación racial. En esta trayectoria, también intenté ampliar al máximo la red de personas y organizaciones que apoya la FF y no limitarla al universo de los actores más tradicionales de derechos humanos en Brasil. Con el correr del tiempo, se hizo evidente también la importancia de los debates internos de la FF en el ámbito internacional, tanto para ampliar los recursos para Brasil, como para dialogar sobre las diversas líneas de financiación y prioridades en el área de los derechos humanos.
Hay también desafíos para trabajar en una organización de financiación internacional, en realidad, una organización norteamericana de financiación. La Fundación Ford, como otras fundaciones, se creó en los años 30, en EE.UU., en un momento de expansión de la industrialización, como parte de una estrategia de las elites económicas para reducir la pobreza y la desigualdad. Estas fundaciones terminaron apoyando también la agenda de cooperación internacional norteamericana. En este sentido, por ejemplo, durante el gobierno Carter, la FF tuvo un papel relevante en el combate a las dictaduras latinoamericanas; en el gobierno Bush, la FF tuvo que lidiar con las cuestiones de la Conferencia de Durban. Sin embargo, la Fundación Ford es la única institución filantrópica que mantiene oficinas en todo el mundo desde los años cincuenta, integrando equipos locales, contratando personas de los países para conducir las donaciones y las oficinas, lo que crea internamente un sólido diálogo intercultural. En estos años, tuve oportunidad de aprender con mis colegas en varios lugares del mundo sobre cómo enfrentaban sus desafíos locales, y cómo colaboraban en la construcción de sociedades más justas. Esta es una lección única, y también por eso apoyo mucho la dimensión global de nuestras acciones de derechos humanos.

Sobre Conectas

¿Cómo evalúa la trayectoria de estos primeros 10 años de Conectas?

Considero que fue un camino de éxito. Fue una organización que se creó con base en una gran ambición, que era justamente cambiar la lógica sur-sur y norte-sur, en un momento en el que no era una cuestión tan obvia y, sobre todo, no era visible “cómo hacerlo”. Creo que Conectas alía una gran ambición a la capacidad política de sus fundadores, directores y de su staff de manera realmente impresionante. Capacidad política, aquí entendida como pensar, desarrollar estrategias paso a paso, desarrollar actividades, etc. Otro aspecto importante es el hecho de que Conectas es una organización cosmopolita, no provinciana. Siempre cuenta con personas de diferentes nacionalidades, de diferentes credos, como Malak Poppovic, Juana Kweitel, Scott Dupree, Nathalie Nunes, pasantes extranjeros. Esto inclusive forma parte de la estrategia de la organización. Creo que Conectas es una organización que tuvo y tiene mucho éxito, porque tiene renovación e innovación. El actual proceso de transición es ejemplar en ese sentido. Es maduro, generoso y profesional. Ustedes contaron con una consultora externa, comprometieron a los miembros del Consejo Deliberativo, lo que es una lección para compartir con otras organizaciones.
Volviendo al tema de la eficacia y de los indicadores, pienso que Conectas tiene elementos para evaluar objetivamente su trayectoria, a partir de lo que se propuso: crear una red de activistas y académicos Sur-Sur. Pienso que esto se realizó, existe el Coloquio desde 2001, la Revista Sur en su 15º edición, el Proyecto de Política Exterior de Derechos Humanos, hay cambios en la capacidad de muchas organizaciones del Sur para trabajar con el sistema ONU, en fin, hay muchos datos concretos. Asimismo, el diálogo con las organizaciones de derechos humanos como Amnistia Internacional y Human Rights Watch, que redimensiona el protagonismo de las organizaciones del Sur en el ambiente internacional. Pienso que también está el trabajo nacional, local, y la relación con las organizaciones brasileñas. Es muy importante cuidar las asociaciones locales, oír a otras organizaciones, no ser una autorreferencia. La nueva generación que asume la dirección de Conectas recibe un legado importante, es abierta y está interesada en aprender. Esa es una característica importante para entender el éxito de Conectas.

Conectas nació dentro de la perspectiva de fortalecer el movimiento de derechos humanos del sur, ¿cree que esta perspectiva aún es relevante?

Estoy reflexionando sobre estos nuevos movimientos globales y aún no tengo una opinión consolidada, apenas impresiones. Sobre la cuestión sur-sur, norte-sur y “global”, tiendo a pensar que diez años es poco tiempo para consolidar un cambio, y que debemos continuar trabajando en la lógica sur-sur. ¿Por qué? Porque las palabras y los conceptos tienen significado y “global” no necesariamente incluye al sur. Lo global puede diluir el sur y hasta que se cambie realmente el concepto de lo qué es global, pienso que es importante invertir en la lógica sur-sur. Las organizaciones del norte tienen un papel muy importante, histórico en el montaje del sistema de protección a los derechos humanos, en las denuncias internacionales, en la capacidad de llegar a países con regímenes autoritarios, en situaciones de guerra. Estas organizaciones son fundamentales, pero participan de la matriz del sistema de derechos humanos creada en el Norte, o sea, están vinculadas a esa narrativa, a esa historia y a ese contexto. En fin, son importantes y tienen mucho valor, pero simplemente no nacieron y se criaron en países del hemisferio sur, con todos los problemas que los caracterizan. Creo que aquí no hay una disputa, existe una cuestión obvia: producir los cambios necesarios en el continente latinoamericano, africano y asiático exige organizaciones fuertes en la región, en los países. Por lo tanto, repensar la infraestructura global de derechos humanos significa tener seguridad de que hay capacidad institucional y recursos en los países del Sur considerando sus grandes desafíos. Pienso que aún hay un largo camino antes de que se logren reducir las asimetrías entre las organizaciones de derechos humanos en el mundo, y sigo defendiendo “acciones afirmativas”.