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Introducción

Entre 1910 y comienzos de los ’80, entre uno de cada tres y uno de cada diez de los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres (AIET)1 en Australia fueron separados de sus familias.2 En los inicios del siglo 20 se había aprobado una legislación que otorgaba al Estado derechos de custodia y protección sobre la población AIET menor de 16 o de 21 años en todos los Estados de Australia y en el Territorio del Norte, con excepción de Tasmania. Mediante esta legislación los niños indígenas eran separados de sus familias.3 En cumplimiento de esta normativa, los oficiales de la policía y otros funcionarios estatales comenzaron a ubicar y transferir bebés y niños de pura sangre o de descendencia mixta del seno de sus madres, familias y comunidades a instituciones misioneras o del gobierno. Como respuesta a la presión ejercida por diversos actores desde fines de los ’80 y principios de los ’90, en 1995, el gobierno federal australiano (entonces Laborista) —a través de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades (CDHIO) [Human Rights and Equal Opportunity Commission (HREOC)]— impulsó una Investigación Nacional sobre las Generaciones Robadas. El gobierno federal presentó los Términos de Referencia para la Investigación Nacional a la CDHIO el 11 de mayo de 1995. Dicha iniciativa, en principio, buscaba determinar el número de niños separados y esclarecer cómo habían ocurrido los hechos, escuchando de boca de los AIET cómo habían sido afectados, qué debía hacerse para resarcirlos y, finalmente, evaluar si las políticas de separación encuadraban dentro de la definición de genocidio según el Artículo II(e) de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de Naciones Unidas.4 Más tarde se establecieron cuatro objetivos de la investigación: estudio de la legislación, prácticas y políticas que condujeron a las Generaciones Robadas; análisis del campo de aplicación de las leyes, prácticas y políticas así como de la necesidad de cambios, respecto de los servicios y procedimientos habitualmente disponibles para los AIET afectados por las Generaciones Robadas; evaluación de los principios bajo los cuales se podrían otorgar reparaciones a las personas o las comunidades afectadas por la separación; y análisis de la legislación actual, prácticas y políticas con respecto a la ubicación y al cuidado de los niños AIET, tomando en cuenta el principio de la autodeterminación.5 El logro de la reconciliación dependía de la implementación detallada y amplia de las recomendaciones delineadas en el informe “Trayéndolos a casa” de 1997,6 del cual se vendieron 60.000 copias el primer año de su publicación.7 Sin embargo, la respuesta del gobierno federal australiano (la Coalición Liberal, que ha sido reelecta dos veces desde la Investigación Nacional en 1996, y luego en 2004) anunciada el 16 de diciembre de 1997 no alcanzó a cumplir ni siquiera un mínimo de los objetivos de reparación bosquejados en los principios de Van Boven.8 En este sentido, los principios elaborados por el jurista van Boven establecen que, de acuerdo con el derecho internacional, la violación de cualquier derecho humano da lugar a un derecho de reparación para la víctima, y que debe prestarse especial atención a las graves violaciones de derechos humanos, que incluyen el genocidio, la discriminación sistemática y el desplazamiento forzado de poblaciones.9 La Investigación Nacional fue descripta como un ejemplo de “comisión histórica de la verdad”, en la que se llevó a cabo una investigación histórica sobre prácticas de gobiernos pasados.10 Sin embargo, la separación de niños —práctica que se mantiene hasta la fecha—11 y la negativa del gobierno australiano de reconocer la correlación entre el abuso sexual experimentado por miembros de las Generaciones Robadas y el abuso sexual en la actualidad, tan frecuente en muchas comunidades indígenas, resalta la necesidad de una Comisión de Verdad y Reconciliación que dé cuenta tanto de los patrones de abuso del pasado como los del presente.12 El gobierno australiano, que hasta el momento se ha negado a pedir disculpas públicamente a los miembros de las Generaciones Robadas, rechazó la propuesta de un Tribunal de Reparaciones. En cambio, impulsó iniciativas del gobierno del Estado de Tasmania del 2006 y de los demócratas australianos en el Senado Federal de marzo de 2007 para establecer un programa de reparaciones nacional o estatal; una solución precipitada que otorga reparaciones a partir de reclamos evaluados por un Evaluador de Generaciones Robadas. A pesar de que la Investigación Nacional le otorgaba una voz a la población AIET, y aunque “Trayéndolos a casa” creó un sendero de reconciliación, esta oportunidad no fue aprovechada. Diez años más tarde, la nación australiana aún no ha superado su historia de genocidio y explotación. Este artículo propone, como modelo para abordar los agravios históricos perpetrados contra miembros de las Generaciones Robadas, la creación de una Comisión de Verdad y Reconciliación, junto con un Programa de Reparaciones. La Comisión de Verdad y Reconciliación se debería constituir a partir de las investigaciones existentes, incluyendo “Trayéndolos a casa”, hasta que se incorpore a su mandato el requisito de informar periódicamente sobre la implementación de las recomendaciones, luego de las audiencias. Al mismo tiempo, la propuesta de la Comisión de Verdad y Reconciliación debería incluir mecanismos culturalmente apropiados que generen las condiciones para decir la verdad y promover la reparación de las víctimas AIET, contemplando un reconocimiento especial de las dificultades que afrontan las madres y los niños robados que fueron víctimas de abuso sexual para poder hablar de su sufrimiento en los ámbitos previamente ofrecidos por la Investigación Nacional. La Comisión de Verdad y Reconciliación debería ayudar a facilitar esta rehabilitación mediante la difusión de la verdad y la promoción de conciencia pública sobre las experiencias y consecuencias de la separación “forzada”. Las audiencias en cada Estado o territorio, en un lugar público, con delegados indígenas y no indígenas- requerirán el compromiso y la aceptación de responsabilidad por parte de cada gobierno estatal, y serán terapéuticas tanto para la nación australiana como para las víctimas individualmente consideradas. Este proceso también ayudaría a facilitar el reconocimiento de la heterogeneidad de las experiencias de cada persona AIET, de los distintos clanes AIET que habitan distintos Estados de Australia y de los numerosos idiomas de los habitantes de antaño o de la actualidad de un Estado. El éxito de un modelo de este tipo, descentralizado y dependiente del gobierno federal se basa en una disculpa del gobierno federal australiano a todas las personas afectadas por las políticas de la separación forzada del siglo 20. Adicionalmente, el compromiso de los gobiernos de los Estados es esencial, dada su relación fundamental con la prestación de servicios, ya que hoy en día son los responsables de la educación, los servicios de salud y la ley y el orden.

La probabilidad del éxito de un modelo cómo éste puede evaluarse de acuerdo con el progreso del proceso de búsqueda de la verdad, que actualmente ha iniciado el gobierno canadiense. En Canadá se han implementado una serie de medidas para los sobrevivientes de las Escuelas Residenciales para Indios [Indian Residential Schools (IRS)] con el fin de abordar las injusticias de la política de asimilación, de separación forzada y de disolución cultural, aplicadas por el gobierno canadiense, las iglesias anglicana, presbiteriana y católica durante más de 100 años, pero más extensivamente entre los años ’20 y los ’60, en cuyo periodo aumentó el abuso sexual.13 Si bien el modelo propuesto para enmendar los daños sufridos por las personas AIET difiere de la Comisión de Verdad y Reconciliación canadiense, las similitudes de las experiencias vividas por los aborígenes australianos y los canadienses le proporcionan a Australia una valiosa oportunidad de aprendizaje. “Trayéndolos a casa” reconoció la cuestión de la responsabilidad, que ha sido no tenida en cuenta desde hace mucho tiempo. Una Comisión de Verdad y Reconciliación, tal como propone este trabajo, daría una nueva oportunidad para desarrollar una memoria colectiva y una historia nacional compartida, y crear un vigor renovado hacia el logro pleno de las reparaciones y de los principios de reconciliación.

La Investigación Nacional y sus resultados limitados

El alcance de la separación forzada

El desconocimiento o el conocimiento a medias de los australianos no aborígenes sobre la participación de los gobiernos australianos en el proceso de separación de niños AIET durante más de 70 años es debatible. Se separaba a los niños por varias razones; la principal era la concepción de que el aborigen de pura sangre era una raza moribunda y que la gente AIET tenía una cultura inferior, siendo incapaz de sobrevivir al contacto con civilizaciones más elevadas.14 También hubo niños de ascendencia mixta. Dichos niños nacieron de madres AIET después de encuentros sexuales —a veces pasajeros, otros de explotación, ocasionalmente más permanentes o incluso en el seno de un matrimonio— con europeos y a veces con chinos o isleños del Pacífico. Se establecieron instituciones gubernamentales o misioneras de “media casta” durante las primeras décadas del siglo 20, para acoger a dichos niños. Con una presión creciente ejercida sobre el gobierno australiano para que abordase esta historia no contada, la Investigación Nacional resultaba la mejor opción porque era evidente que, a pesar de tres años de funcionamiento, la Comisión Real sobre las Muertes de los Aborígenes en Custodia [Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody], no había sido la forma más adecuada de investigación. Era demasiado formal y no permitía una participación importante de los AIET. La Investigación Nacional mantuvo audiencias en cada capital de Estado y en varios centros regionales entre diciembre de 1995 y octubre de 1996, y recibió 777 presentaciones, incluyendo 535 de individuos y de organizaciones indígenas, 49 de organizaciones eclesiásticas y siete de gobiernos.15 Es difícil estimar el número de niños AIET que fueron separados de sus hogares en todo el territorio de Australia. Peter Read, cofundador de Link-Up (NSW), estima que la cifra puede alcanzar los 50 mil. En Nueva Gales del Sur, por ejemplo, Read considera que el número total de niños separados de sus hogares entre 1921 y 1985 se aproxima a los diez mil.16 Llamativamente cree que hay unas 100.000 personas “…que no se identifican como aborígenes pero que están autorizadas a hacerlo porque alguno de sus padres o abuelos fueron separados”.17

La Oficina Australiana de Estadísticas [Australian Bureau of Statistics] llevó a cabo una encuesta en 1993, realizando entrevistas a 15.700 AIET. El 5,7% de los entrevistados informó haber sido alejado de sus familias biológicas por una misión, por el gobierno o por “bienestar social’. Aplicando dichos resultados a los datos del Censo de la Población de 1991, de un total de 303.000 AIET en ese momento, aproximadamente 17.000 habrían sido alejados de sus familias hasta 1994.18 Si bien es posible que esa cifra subestime el número total de personas separadas de sus hogares —sobre todo cuando se la compara con la estimación de Read— se trata de una cifra que el gobierno australiano podría aceptar como más real al establecer una Comisión de Verdad y Reconciliación, y, especialmente, al sostener un Programa de Reparaciones. Esperamos que un proceso por la verdad y la reconciliación permita que se sepan las historias de una mayor franja de AIET, llegando a grupos con idiomas diferentes y a AIET que han perdido contacto con su aboriginalidad o, incluso, no tienen conciencia de ella. Esto facilitará un registro más realista de la cantidad de niños separados de sus hogares.

La implementación de las recomendaciones de “Trayéndolos a casa” Desde el punto de vista legal, las consecuencias más importantes de la separación forzada consisten en que se negó a los AIET los derechos establecidos en el sistema de common law que gozan los demás australianos, que éstos sufrieron violaciones a sus derechos humanos y a menudo estuvieron sujetos a otras formas de victimización y de discriminación.19 “Trayéndolos a casa” presentó 54 recomendaciones para reparar dichas violaciones. Las recomendaciones cubrieron todos los componentes de las reparaciones: reconocimiento de la verdad y una disculpa; garantías de no repetición de las violaciones; rehabilitación; compensación y restitución. La revisión precipitada de la respuesta del gobierno australiano es impresionante, pero refleja claramente su imposibilidad de comprender la importancia de revelar la verdad y de pedir una disculpa a los AIET. El gobierno australiano delineó un plan para proveer 63 millones de dólares durante cuatro años, destinados en primer lugar al tema de la “separación familiar y sus consecuencias”. Lo más significativo es que el gobierno australiano enfrentó internamente resistencias al otorgamiento de dicha compensación monetaria para los que habían sido separados de sus hogares y a los afectados por esta práctica. En su presentación a la Investigación Nacional, el gobierno australiano se declaró preocupado ante la dificultad de calcular el valor monetario del gasto, argumentando que “no existe una medida comparable para conceder compensaciones ni base alguna para empezar a discutir el quantum de los daños”,20 postura que no será sostenible cuando la Comisión de Verdad y Reconciliación canadiense inicie su trabajo. “Trayéndolos a casa” recomendó que todos los parlamentos australianos, las fuerzas policiales —estatales y territoriales—, las Iglesias y otras agencias no gubernamentales de importancia, “reconozcan la responsabilidad de sus predecesores sobre las leyes, políticas y prácticas de la separación forzada” y “se disculpen por los daños infligidos”.21 Es necesaria una disculpa del gobierno como un gesto de reconocimiento y para crear una memoria colectiva y una solidaridad social.22 Sin embargo, el gobierno australiano quedó rezagado detrás de los gobiernos de los Estados y territorios en cuanto a una disculpa formal ante la población AIET. En cambio, el Comité del Día de la Disculpa [Sorry Day Committee] lanzó su primer “Día Nacional de la Disculpa” el 26 de mayo de 1998. El Día Nacional de la Disculpa se designó como un “día en que todos los australianos podrían [pueden] expresar su dolor por todo el episodio trágico, y celebrar el comienzo de un nuevo entendimiento”23 mediante “Libros de Disculpa” en los que se reciben cientos de miles de firmas y con “Caminatas por los Puentes” en cada una de las ciudades más grandes de Australia, como gesto para la rehabilitación.24 Recién el 26 de agosto de 1999 el actual Primer Ministro, John Howard, propuso una Moción de Reconciliación ante el Parlamento, ofreciendo una declaración de pesar pero no de disculpa a los aborígenes, en un intento de reafirmar el llamado compromiso de reconciliación del gobierno australiano entre los australianos aborígenes y los no aborígenes.25

“Trayéndolos a casa” especificó que las reparaciones debían incluir medidas de rehabilitación, como “servicios legales, médicos, psicológicos y otro tipo de cuidados”.26 Es preciso que dichas medidas se apliquen mediante servicios culturalmente apropiados. Sin embargo, los niños AIET siguen estando sobre representados dentro de los sistemas estatales y territoriales de bienestar social, que discriminan a los niños AIET y sus familias aplicándoles perspectivas anglo-australianas. Dichos valores rechazan los valores, la cultura y las prácticas de crianza de las comunidades AIET como no beneficiosos. “Trayéndolos a casa” señaló que las agencias de bienestar social siguen sin consultar a las familias AIET, a sus comunidades y a sus organizaciones.27 Y aunque el informe recomendó el establecimiento de estándares mínimos para el tratamiento de niños AIET, incluyendo los Principios Indígenas de Ubicación de Niños —que requiere que los niños AIET bajo cuidados fuera de sus hogares estén bajo la atención de cuidadores AIET—,28 el gobierno australiano hizo caso omiso de esa recomendación y decidió dejar el asunto en manos de los gobiernos estatales.29

El establecimiento de una Comisión de Verdad y Reconciliación y de un Programa de Reparaciones

Las deficiencias de “Trayéndolos a casa”

Un error corriente en los métodos de reparación implementados hasta la fecha se relaciona con el enfoque de la Investigación Nacional. Las misiones de búsqueda exhaustiva de hechos y de revelación de la verdad se han fundado en considerar la homogeneidad de la comunidad AIET. Los servicios que reconocen divergencias entre las culturas AIET a menudo son vistos como una “duplicidad innecesaria”. En esta interpretación errónea no se advierte el esfuerzo de las Generaciones Robadas por acceder a muchos servicios como archivos y apoyo psicoterapéutico. Más aún, la Investigación Nacional no reconoció que las necesidades de las Generaciones Robadas difieren de las de otros AIET que no padecieron el alejamiento de sus hogares.30

En la presentación de Link-Up (NSW), quedó manifiesta otra limitación de “Trayéndolos a casa”.31 En la Investigación Nacional no se incorporaron mecanismos para explicar los niveles traumáticos extremos y la culpa que sentían los padres al no poder relatar sus historias. Link-Up (NSW) informó:

Al preparar esta presentación vimos que las mujeres aborígenes eran reacias a hablar del inmenso dolor, tristeza y angustia que les ocasionó perder a sus hijos. Ese dolor era tan fuerte que no hallamos una sola madre que hubiese resuelto el asunto de manera tal que pudiera hablar y compartir su experiencia con nosotros y con la Comisión […].32

Además de esas madres “silenciadas”, “Trayéndolos a casa” informa que los niños, y especialmente las niñas, fueron vulnerables al abuso sexual. Según el relato de los testigos ante la CDHIO, casi uno de cada diez niños y algo más de una de cada diez niñas declararon haber padecido abuso sexual en una institución infantil, uno de cada diez niños y tres de cada diez niñas declararon haber padecido abuso sexual en el lugar o lugares de adopción y una de cada diez niñas declaró haber padecido abuso sexual en alguna organización laboral elegida por la institución o por la Junta de Protección.33 Teniendo en cuenta sólo este dato, cabe una preocupación obvia de que las víctimas de abuso sexual se conviertan en víctimas “silenciadas” en el proceso de la Investigación Nacional, si no se implementan mecanismos para crear un medio en el que dichas víctimas puedan contar su historia. Una Comisión de Verdad y Reconciliación brinda una oportunidad para dar espacio a estos grupos “silenciados”.34 Vasuki Nesiah examina el tratamiento de los delitos de género por las comisiones de verdad y reconciliación en un artículo titulado “Gender and Truth Commission Mandates”.35 Nesiah subraya que las comisiones de verdad fueron útiles para identificar la violencia sexual tanto contra mujeres como contra hombres. Al testificar ante la Comisión de Verdad y Reconciliación peruana, se vio que hay muchas razones por las cuales las víctimas femeninas minimizaron su sufrimiento, como la vergüenza y el miedo a la condena social. En cambio, verbalizaron su sufrimiento como esposas, madres, hijas y hermanas de víctimas predominantemente masculinas.36 Para alentar la participación de las mujeres, la Comisión de Verdad y Reconciliación peruana desarrolló una serie de materiales de capacitación que incluían estrategias de comunicación sobre cómo llevar a adelante las investigaciones en áreas rurales del país y brindaban instrucciones a los entrevistadores. Esto sería una contribución valiosa para las investigaciones delicadas desde el punto de vista cultural entre poblaciones indígenas y, particularmente, para con las mujeres que no pueden hablar de las historias de sus hijos robados. La Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica organizó varias audiencias especiales dedicadas a las mujeres, con paneles de representantes exclusivamente femeninos y, en un caso, “permitiendo que una declarante diera su testimonio detrás de una pantalla, confidencialmente y fuera del objetivo encandilador de las cámaras de televisión”.37 Otro ejemplo lo constituyen los Términos de Referencia de la Comisión de la Verdad de Haití, que se abocó a prestar especial atención a los “delitos de naturaleza sexual contra víctimas femeninas, cometidos con fines políticos”.38 Ello tuvo como resultado una atención focalizada en el sujeto a lo largo de todo el trabajo y un subcapítulo del informe dedicado a los delitos sexuales. Hayner señala que este enfoque que “concentra la atención en este tema debería considerarse seriamente en otros lugares”.39 Es ésta la forma ideal de conducir ya sea las audiencias como el informe y las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación, cuando se trata de madres silenciadas y traumatizadas como de niños separados de sus hogares que fueron víctimas de abuso sexual.

Otro problema ha sido la falta de implementación de las recomendaciones; ello ha sido consecuencia de que el mandato inicial de la Investigación Nacional de la CDHIO no contempló el deber de presentar informes de seguimiento. El 24 de noviembre de 1999, el Senado Nacional condujo una investigación sobre la implementación, por parte del gobierno australiano, de las recomendaciones de la Investigación Nacional.40 El Informe de la Mayoría del Comité del Senado, “Rehabilitación de: un legado de generaciones” [Healing: A Legacy of Generations], presentado en noviembre de 2000, incluye diez recomendaciones relativas, sobre todo, al informe “Trayéndolos a casa”, al monitoreo de las respuestas41 y al establecimiento de un Tribunal de Reparaciones.42 En junio de 2001, cuando el gobierno federal australiano presentó su respuesta a las recomendaciones del Comité del Senado rechazó, una vez más, la noción de un Tribunal de Reparaciones y prefirió, en cambio, adjudicar recursos adicionales —después del 30 de junio de 2002— para reuniones familiares y servicios de salud, por $52.9 millones de dólares durante cuatro años, hasta el 30 de junio de 2006.43 Sobre la base del Informe en Disidencia de los senadores oficialistas, la respuesta del gobierno federal australiano refleja la falta de entendimiento del funcionamiento y beneficios de una Comisión de Verdad y Reconciliación:

El gobierno considera que el establecimiento de un tribunal con jurisdicción y facultades amplias como el sugerido no garantizaría una consideración más abarcativa del tema ni tendrá menor costo para ninguna de las partes que los habituales procedimientos jurídicos. Para evaluar los reclamos individuales se deberían abordar los mismos aspectos legales y fácticos, complejos y costosos, y tales decisiones seguirían quedando abiertas a posteriores revisiones jurídicas. La experiencia de otros tribunales administrativos, incluyendo los de inmigración y refugiados, ilustra que no es posible aislar tales deliberaciones de los desafíos y procedimientos legales […].44

Los problemas del Tribunal de Reparaciones y de las medidas de compensación propuestos

Muchos partidos han recomendado distintas modalidades para el Programa de Reparaciones, sin embargo todas esas sugerencias pueden ser objeto de crítica en algún nivel. El Centro de Defensa de los Intereses Públicos de Nueva Gales del Sur [Public Interest Advocacy Centre of NSW (PIAC)] recomendó crear un Tribunal de Reparaciones, aunque con importantes limitaciones. Esta institución es un centro jurídico y político independiente y sin fines de lucro ubicado en Sydney, Australia. Una recomendación similar fue apoyada por el Comité de Referencias Constitucionales y Legales del Senado [Senate Legal and Constitutional References Committee (Senate Committee)]. También el Gobierno del Estado de Tasmania ha hecho esfuerzos mediante la sanción de la Ley de Generaciones Robadas de Niños Aborígenes de 2006 (Ley de Tasmania) para otorgar una compensación a los miembros tasmanianos de las Generaciones Robadas. La Ley de Tasmania fue un catalizador para el Proyecto de Ley de Reparaciones a las Generaciones Robadas (Proyecto de Ley de Reparaciones), presentado ante el Senado Federal, para estipular un programa nacional de reparaciones a las Generaciones Robadas. Dichos programas prevén una reparación pecuniaria. Sin embargo, sin esfuerzos integrales que tiendan a la reconciliación, éstos no logran cumplir con los requisitos de los principios de van Boven. La reparación debe incluir garantías de no repetición, que incluyan la cesación y prevención de violaciones persistentes. Ello, sobre todo, a la luz de la sobre representación constante de niños AIET entre los niños separados de sus familias o comunidades, ya sea temporaria o definitivamente.45 Otro principio muy aplicable es el conocimiento público de la verdad en términos de registros históricos de experiencias individuales o grupales y una disculpa pública oficial por parte del gobierno federal australiano. Todas estas medidas son esenciales en el proceso de “rehabilitación” de las Generaciones Robadas y funcionan como un punto de partida para tratar algunas de las consecuencias generacionales actuales provocadas por las políticas de separación forzadas.46 Según el punto de vista del PIAC, deben garantizarse reparaciones a las personas afectadas por la separación forzada según los tipos de daño descritos en “Trayéndolos a casa”: discriminación racial; privación arbitraria de la libertad; dolor y sufrimiento; abuso, incluyendo abuso físico, sexual y emocional; destrucción de la vida familiar; pérdida de derechos culturales y de desarrollo; pérdida de derechos nativos de títulos; explotación laboral; y pérdida de oportunidades.47 PIAC también recomendó otorgar una reparación pecuniaria a todas las personas afectadas por la separación forzada, incluyendo familiares, miembros de la comunidad y descendientes de una persona separada por la fuerza, en los casos en que se pueda demostrar un daño particular.48 Sin embargo, el modelo propuesto por PIAC sigue siendo demasiado adversarial y no es muy distinto de otras estrategias basadas en el litigio que, a menudo, fracasaron. La reciente decisión del Juez Gray de la Suprema Corte de Justicia de Australia del Sur —del 1 de agosto de 2007—, que estableció una indemnización de $A500.000 a favor del Sr. Bruce Trevorrow por separación ilegal del Hospital de Niños de Adelaida hace casi 50 años, si bien es una sentencia que marca un hito, no implica aliviar los estándares probatorios que se exigen en el sistema jurídico tradicional.49 Un miembro de su equipo legal observó el volumen “poco frecuente” de pruebas en este caso, que incluían cartas entre la madre de la víctima y la Dirección de Control Aborigen [Aboriginal Control Board].50 Por lo tanto, a pesar del precedente reciente del caso Trevorrow, se mantienen otros obstáculos tales como las dificultades para recabar pruebas —especialmente cuando los gobiernos fueron laxos en el registro de asuntos que involucraban AIET—; el trauma emocional y psicológico experimentado por los demandantes en el seno del medio hostil de un sistema tribunalicio adverso; el plazo prolongado hasta la sentencia; la dificultad de fijar la responsabilidad específica por los daños ocasionados; y superar la perspectiva jurídica de que “los estándares de la época” justificaban la separación “en pos del bien del niño”. Más aún, el monto importante de la indemnización da cuenta de la seriedad del daño y del sufrimiento ocasionado por las políticas de separación forzada y de la necesidad de que existan nuevos esfuerzos generales para garantizar una reparación para todos los afectados. El modelo propuesto por PIAC permite que el gobierno federal australiano se defienda las demandas en su contra, probando que la separación fue realizada por el bien del niño.51 El Tribunal de Reparaciones propuesto por PIAC pone la carga probatoria en los demandantes. Ellos deben presentar pruebas suficientes de que fueron afectados por la separación forzada y del daño sufrido por su causa.52 Sin embargo, esta carga de la prueba no contempla que el propósito de adoptar medidas integrales hacia la reconciliación debe partir de reconocer que la política de separación forzada tenía, al menos en parte, orígenes racistas y efectos dañinos permanentes para aquéllos que la padecieron y para sus descendientes. Esa carga de la prueba, por el contrario, enfrenta a las víctimas con el desafío de conseguir pruebas. Además, un Tribunal de Reparaciones que se base en pruebas sobre los daños sufridos, que requieran evidencia ubicable, en vez de constituir un ámbito de rehabilitación resultaría un ámbito inquisitivo. La compensación monetaria que se otorgaría respondería a la lógica de los principios de daños del Derecho común, lo cual lleva a una incoherencia potencial de la reparación que se dé, ya que el modelo recomienda el pago de una suma mínima así como de una compensación monetaria donde se muestre que la persona sufrió, además, “un tipo particular de daño o de pérdida” debido a la separación forzosa.53 La propuesta también contempla una apelación del Tribunal de Reparaciones a la Corte Federal en cuestiones de derecho, resultando en un Tribunal de Reparaciones estrechamente ligado —si no situado— dentro de un sistema de litigio adversarial. En lugar de proporcionar un sistema que reconozca los daños masivos y generales padecidos por las Generaciones Robadas, como el que facilitaría una Comisión de Verdad y Reconciliación, el Tribunal de Reparaciones del PIAC requeriría representación legal, procedimientos y normas legales (aunque relajadas) y audiencias o escritos que no favorecen el relato de la verdad, el registro histórico extensivo de datos y la participación pública que podría conllevar un modelo de Verdad y Reconciliación. La propuesta hace caso omiso de la oportunidad de realizar una audiencia en un marco de comprensión, lo cual ofrecería a las víctimas la posibilidad de obtener un reconocimiento oficial.54 Los recientes esfuerzos legislativos federales hacia una reparación tampoco han logrado encarar la situación por completo. Las iniciativas más destacables llevadas a cabo por un gobierno local han sido las del Gobierno de Tasmania en 2006, después de un compromiso electoral de resarcir a los tasmanianos AIET que habían sido separados de sus familias, compromiso que motivó la sanción de la Ley de Niños Aborígenes de las Generaciones Robadas (TAS) el 28 de noviembre de 2006 (Ley de Tasmania). La Ley de Tasmania fija un fondo de compensación de cinco millones de dólares y prevé un pago extraordinario en efectivo a los niños que fueron separados del seno de sus familias entre 1910 y 1975 y permanecieron lejos de sus padres por un período igual o superior a los cinco meses.55 Se calcula que unos 124 aborígenes están calificados para recibir dicha reparación.56 Las medidas incluyen pagos compensatorios de hasta A$5.000 para los descendientes de miembros fallecidos de las Generaciones Robadas57 (con un máximo de A$20.000 por familia).58 El resto del fondo se dividirá entre los miembros vivos de las Generaciones Robadas.59 Durante un período de seis meses se aceptaron las solicitudes de pago, que fueron revisadas por el Asesor de las Generaciones Robadas,60 —desde el 15 de enero de 2007 hasta el 15 de julio de 2007—; y las decisiones sobre estas solicitudes se determinarán para el 15 de enero de 2008.61 La Ley de Tasmania prevé específicamente que un pago ex gratia efectuado de acuerdo con la mencionada ley no responsabiliza al Estado de Tasmania por la admisión de niños como pupilos de dicho Estado ni por su separación del seno de sus familias.62 Lamentablemente no se previeron audiencias públicas a nivel local.63 Lo que se describió como el “historial de la víctima/sobreviviente” quedó limitado a este proceso.64 El testimonio, la narración y el relato pueden ser claves para situar a las víctimas en un contexto histórico específico y para poder reconstruir sus identidades y roles dentro de dicho contexto,65 sobre todo a la luz de la importancia que tiene el relato para muchas culturas AIET. En cambio, la Ley de Tasmania contempla un Asesor para las Generaciones Robadas, quien es el encargado de preparar un informe para el Ministro de Desarrollo de la Comunidad dentro de los 30 días de la última evaluación realizada,66 que se presenta ante cada Cámara del Parlamento.67 La voluntad del Estado de Tasmania de sancionar la Ley de Tasmania debe evaluarse tomando en cuenta el hecho de que este Estado tiene la población AIET más pequeña, fuera del Territorio de la Capital Australiana. En 2001, la mayoría de los AIET vivía en Nueva Gales del Sur (29% de la población AIET) y en Queensland (27%), en Australia Occidental vivía un 14% y en el Territorio del Norte un 12%.68 Los AIET comprenden alrededor del 30% de la población del Territorio del Norte pero menos del 4% en todos los demás Estados y territorios, incluyendo Tasmania.69 No obstante, a pesar de sus limitaciones, la Ley de Tasmania fue un gran catalizador para la legislación del gobierno federal. A fines de marzo de 2007, el Senador demócrata de Queensland y representante de Asuntos Indígenas presentó el proyecto de Ley de Reparaciones a las Generaciones Robadas de 2007. Este proyecto, que siguió básicamente el modelo de la Ley de Tasmania, busca implementar un proceso de reparación para las víctimas de las Generaciones Robadas y pretende recibir aportes de la comunidad en general acerca de cómo manejar las recomendaciones no implementadas de “Trayéndolos a casa”.70 Así como la Ley de Tasmania actúa como un detonante para que otros Estados sancionen una legislación similar, el Proyecto de Ley de Reparaciones tiene el propósito de dar cobertura a dichas solicitudes en un Estado o territorio donde no existe legislación al respecto. Si luego se sancionara una legislación, el solicitante debería elegir entre la ley local del Estado o la ley federal, ya que no puede ampararse en ambas.

El tema más problemático sobre la Ley de Tasmania y el Proyecto de Ley de Reparaciones es que ninguna prevé un ámbito para audiencias públicas y para discutir las experiencias de los miembros de las Generaciones Robadas. Antes bien, ambas contemplan un procedimiento breve, completado en un año, reduciendo así el periodo de concientización y educación.

Un marco nacional para la verdad y la reconciliación con audiencias locales

Lo preferible es que exista un marco nacional que establezca una Comisión de Verdad y Reconciliación y que ésta opere en un nivel comunitario descentralizado. Ello, en vez de que exista un sistema de reparaciones según cada Estado, con brechas que luego deba llenar un estatuto federal. El marco nacional ayudará a garantizar un enfoque coherente para las decisiones que se tomen sobre las circunstancias y a los individuos afectados que serán resarcidos según el Programa de Reparaciones. Al mismo tiempo, las audiencias a nivel comunitario facilitarán el adecuado reconocimiento de las experiencias de los grupos indígenas heterogéneos. Debe establecerse una Comisión de Verdad y Reconciliación en cada Estado o territorio de Australia y se deberían aceptar simultáneamente las solicitudes y escuchar las historias de los AIET que califican como miembros de las Generaciones Robadas. Cada Comisión debe estar integrada por miembros de las comunidades indígenas y no indígenas e incluir la participación de ancianos tribales para que el proceso tenga credibilidad entre los AIET. Una Comisión de Verdad y Reconciliación local también aumenta el potencial para crear una conciencia pública entre las personas no indígenas de cada Estado o territorio. También es importante el rol de la Comisión de Verdad y Reconciliación local para ayudar a dirimir el problema de que toda la comunidad AIET hasta ahora ha sido tratada como homogénea. El enfoque de la Ley de Tasmania y del Proyecto de Ley de Reparaciones homogeniza a la población AIET en dos sentidos, uno de los cuales es realmente conflictivo. Por un lado, homogeniza el daño sufrido, lo cual, según ciertos autores, es un problema al momento de reparar la dignidad de la víctima,71 pero, según esa misma perspectiva, es inevitable en un sistema coherente de reparaciones.

Por otro lado, sin embargo, el enfoque de la Ley de Tasmania y del Proyecto de Ley de Reparaciones homogeniza la población AIET como una masa cuya heterogeneidad no importa.72 Ello es particularmente equívoco dada la composición de dicha población:

La población de las comunidades de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en Australia es muy diversa en su cultura, con muchos idiomas diferentes. Pensemos en la región de Kimberly en la Australia Occidental […]. El viajar por Kimberly, con su inmensa población aborigen y con la diversidad de gente que la compone, es como viajar por Europa con sus culturas y lenguas cambiantes.73

Un ámbito para verbalizar agravios

Una Comisión de Verdad y Reconciliación permite una distancia necesaria de la perspectiva adversarial. El litigio dentro del sistema adversarial de los tribunales “no es un remedio efectivo ni culturalmente adecuado para la situación que enfrentan las Generaciones Robadas, sus familias y sus comunidades”.74 Tanto la Ley de Tasmania como el Proyecto de Ley de Reparaciones reflejan aun un enfoque contencioso, basado en el agravio. Ellos requieren un sistema judicial que determine los daños de cada individuo, sobre la base de pruebas suministradas por la víctima respecto de la magnitud del daño sufrido, evaluado luego con normas estándar de procedimientos.75

En cambio, una Comisión de Verdad y Reconciliación tiene la ventaja de ofrecer a los indígenas afectados por la separación forzosa un ámbito en el cual sus planteos sean escuchados y donde se les permita recibir un reconocimiento público del daño sufrido. También le permite a los afectados por la separación forzosa tener un papel activo en la creación de un Programa de Reparaciones. La participación de los afectados es fundamental para que las reparaciones sean apropiadas y efectivas. El Sexto Informe de Justicia Social producido por la CDHIO expresa:

La percepción indígena de lo inadecuado de las respuestas gubernamentales a las recomendaciones sobre estos temas se vive no sólo con desilusión y un sentido de exclusión de los procesos del gobierno, sino que confirma la expectativa de que sería así. Hay una tensión en la respuesta indígena que revela el efecto acumulativo de las políticas paternalistas y la falta de participación en los procesos de gobierno: ser siempre el objeto de las decisiones de otra gente acerca de lo que a uno le conviene, lo que uno merece, lo que uno tiene derecho a tener.76

El Acuerdo IRS canadiense trata muy hábilmente el problema del involucramiento indígena mediante el establecimiento de un Comité de Sobrevivientes de las Escuelas Residenciales para Indios, compuesto por diez representantes provenientes de diversas organizaciones aborígenes y de grupos de sobrevivientes. Este Comité está diseñado para asesorar a la Comisión de Verdad y Reconciliación en temas comunitarios, incluyendo los criterios para los procesos nacionales y comunitarios.77 No obstante, mientras el Acuerdo IRS canadiense, prevé Enlaces Regionales,78 ni estos últimos ni los Comisionados Nacionales participan de audiencias formales.79 Al diseñar un modelo de Comisión de Verdad y Reconciliación AIET como éste, las audiencias públicas proporcionarían la mejor solución para la rehabilitación y reconocimiento de los individuos, sus familias y sus comunidades. Sin embargo, las audiencias públicas no deberían ser obligatorias. Podrían llevarse a cabo audiencias cerradas o las víctimas podrían tener la opción de presentar declaraciones escritas o electrónicas, sobre todo en los casos de abuso físico y sexual. La ausencia del relato individual bajo la Ley de Tasmania y el Proyecto de Ley de Reparaciones es clave. Dory Laub, sobreviviente del Holocausto, escribió acerca del proceso de contar y escuchar como un primer paso esencial hacia la rehabilitación.80 Laub describe el relato como un proceso en dos pasos: el relato en sí mismo, que rompe marcos previos de conocimiento y, en segundo lugar, lo que sucede más allá de las palabras, lo que permite una curación emocional, la clave para redescubrir una identidad perdida.81 Desde la presentación de “Trayéndolos a casa”, se han publicado cientos de biografías indígenas y se han realizado también películas. Por ejemplo, el film del laureado director Philip Noyce, Rabbit-Proof Fence, basado en el relato biográfico de Doris Pilkington Garimara, cuenta la historia de tres niños separados de su hogar que viven la experiencia de viajar 1.600 kilómetros intentando regresar a su comunidad, en lugar de permanecer en la Misión Moore River en Australia Occidental.82

La función más importante que puede tener una Comisión de Verdad y Reconciliación es permitir que las historias de los distintos AIET sean oídas y aceptadas, dándoles reconocimiento a todas las que necesiten ser contadas. Por ejemplo, cuando en una entrevista Lowitja O’Donoghue contó que a ella no la habían “robado” sino “separado”, ya que su madre había estado de acuerdo con la separación creyendo que era por su propio bien, los medios utilizaron este relato para cuestionar el daño sufrido y las reparaciones que merecían los miembros de las Generaciones Robadas.83 De igual modo, en Munyi’s Daughter, Nancy Barnes quiso contar una historia diferente, en la que se resaltara el triunfo sobre la adversidad y el viaje exitoso de un miembro de las Generaciones Robadas hacia las relaciones y el empleo, pero no tuvo público, ni dentro de su propia comunidad ni en otras.84 Una Comisión de Verdad y Reconciliación proporcionaría un ámbito para el relato heterogéneo de la historia.

Determinar el alcance de los que tienen derecho a una audiencia ante la Comisión de Verdad y Reconciliación y a una compensación

Otro tema de importancia es determinar cómo abordar los daños sufridos por los descendientes de las víctimas. Tanto la Ley de Tasmania como el Proyecto de Ley de Reparaciones reconocen una compensación para el hijo biológico vivo de una persona fallecida que tendría derecho a reparaciones, pero no para los descendientes de una persona separada de su hogar, si ésta sigue viva.85 Un estudio reciente elaborado por MCAIETA en junio de 2006 compara la situación socio-económica y sanitaria relativa de los AIET que fueron alejados de sus hogares (directamente) y de los que no lo fueron. El trabajo combina el marco usado por la Encuesta Social Nacional de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres 2002 (NAIETSS), que entrevistó a 9.400 AIET y la Encuesta Social Nacional de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres 2004-2005 (NAIETHS), que entrevistó a 10.400 AIET. Los encuestadores reconocieron los límites de su metodología y el nivel de incertidumbre resultante.86 La información de la NAIETSS y de la NAIETHS se utilizó para extraer conclusiones sobre indicadores tales como tasas de discapacidad, participación y graduación en educación superior, participación en la fuerza de mano de obra, tasas de criminalidad y encarcelamiento en las víctimas y tasas de detención juvenil.87 Los resultados mostraron que la población separada de sus hogares tuvo una vida mucho peor que la de la población no separada de sus hogares.88 La situación desventajosa de las poblaciones separadas de sus hogares no se concentró en ningún área en particular, sino que cubrió un espectro amplio de indicadores.89 Por ejemplo, las poblaciones separadas mostraron tasas menores de ciclo escolar completo entre los 10 y 12 años (28,5% comparado con un 38,5%), tasas menores vivienda propia (16,9% comparado con 28,3 %); tasas más altas de más de un arresto en cinco años (14,6% comparado con 8,8%) y tasas más bajas de empleo a tiempo completo (17,8% comparado con 24,8%).90 La evidente desventaja ilustra los efectos persistentes de las políticas de separación forzosa, tanto en las personas separadas de sus hogares como en sus descendientes. Los australianos indígenas tienen 45% más posibilidades de ser víctimas de violencia familiar que otros australianos; 8,1% más de posibilidades de ser víctimas de homicidio y 16,6% más de cometer un homicidio que la población no indígena.91 Según Reconciliation Australia, los AIET tienen tasas más elevadas de dañarse a sí mismos, de suicidio y de encarcelamiento, —15 veces más que los demás australianos.92 La Oficina Nacional de Auditoría Australiana [Australian National Audit Office] informa que la tasa de mortalidad de los AIET es el doble de la de los Maori, 2,3 veces más alta que la de los indígenas de los Estados Unidos de América y 3,1 veces más alta que la tasa australiana.93

Si bien será difícil, si no imposible, otorgar compensaciones monetarias a los descendientes, manteniendo una coherencia dentro del programa de Reparaciones,, también cabe cuestionarse sobre cuánto podrá compensar dicha reparación la inequidad actual que sufren los descendientes AIET. Sin embargo, ello da un valor mayor a la Comisión de Verdad y Reconciliación, la que puede desempeñar un papel importante en la recuperación de la dignidad de todos los miembros de la comunidad AIET. Todos los descendientes de las Generaciones Robadas tendrían la oportunidad de relatar su experiencia con los efectos actuales de la separación forzosa ante esta Comisión, lo cual influiría seguramente tanto en la política futura del gobierno como en la percepción pública.

El otorgamiento de reparaciones

Es fundamental superar la resistencia del gobierno australiano para otorgar reparaciones. En primer lugar es importante aceptar que bajo un Programa de Reparacioness las víctimas probablemente cobrarán mucho menos que por medio de un litigio exitoso. Por demandas que prosperen ante un Tribunal de Reparaciones, los querellantes podrían recibir 50.000 dólares por el daño ocasionado por un acto de violencia.94 Teniendo en cuenta el daño identificado en “Trayéndolos a casa”, según PIAC, en los tribunales civiles los querellantes que tuvieran éxito “recibirían mucho más”.95 PIAC también recomienda como ejemplo a seguir el caso del Comité de Reparaciones y Rehabilitación de Sudáfrica, que proveyó para las víctimas el otorgamiento de una suma equivalente al ingreso medio anual de un hogar durante seis años.96 Sin embargo, PIAC no advierte que, en la práctica, muy pocas víctimas sudafricanas identificadas por el Comité recibieron de hecho las reparaciones recomendadas. Las reparaciones en Sudáfrica trajeron mucha controversia y la sociedad civil no logró mantener y monitorear la implementación de las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación sudafricana.97 El Acuerdo IRS canadiense fijó un presupuesto de 60 millones de dólares destinados a una serie de medidas de verdad y reconciliación.98 Del mismo modo, los montos de compensación pecuniaria que adjudican la Ley de Tasmania y el Proyecto de Ley de Reparaciones son realistas dentro de los límites de los presupuestos local y nacional. Si bien la compensación es menor respecto de lo que se podría cobrar por medio de una acción judicial —si la víctima ganara el litigio—, Pablo de Greiff utiliza el ejemplo del Perú que ilustra valiosamente las dificultades de sistemas paralelos de reparaciones “judiciales” y “políticos”.99 La Comisión de Verdad y Reconciliación peruana analizaba qué recomendaciones de reparaciones dictaría, mientras la Comisión Interamericana y la Corte simultáneamente dictaban sentencia en casos de torturas y desapariciones, otorgando entre 100.000 y 200.000 dólares por víctima. Ello elevó las expectativas de un resultado imposible para las personas ante la Comisión de Verdad y Reconciliación. Si cada familia de las más de 69.000 víctimas fallecidas recibiera 150.000 dólares, el costo total superaría a la totalidad del presupuesto nacional del Perú.100

De Greiff también observa que la mera disparidad en las sumas otorgadas por los tribunales, comparadas con las distribuidas bajo el masivo Programa de Reparaciones, no ilustra una falta de justicia en el Programa de Reparaciones. Antes bien, el Programa de Reparaciones ofrece otros beneficios al evitar los problemas del litigio, como las largas demoras, los costos altos, el tener que recabar pruebas que serán estudiadas profundamente, el dolor emocional padecido por los interrogatorios cruzados y el riesgo real de una sentencia desfavorable.101

Conclusión

Ha habido varios casos litigados judicialmente para lograr reparaciones para las Generaciones Robadas. Tales casos pueden forzar al gobierno australiano y posiblemente a otros sectores involucrados en la separación forzosa, como escuelas religiosas, a reconocer los incumplimientos de la ley y a proveer una compensación por el daño sufrido como resultado de ellos:

En última instancia, los gobiernos serán forzados a tratar el problema de la responsabilidad en los casos de separación forzosa. Mejor que sea de un modo equitativo, eficiente y constructivo en lugar que de modo contencioso, desigual e ineficiente.102

Como respuesta a los juicios que iniciaron contra el gobierno canadiense entre 5000 y 8000 ex estudiantes pupilos, y contra los que el gobierno inicialmente se defendió, finalmente este último comenzó a llegar a acuerdos. Entre 1997 y 1998 el gobierno canadiense firmó 220 acuerdos extrajudiciales, pagó más de 20 millones de dólares a las víctimas de las escuelas administradas en algunos casos sólo por el gobierno federal, en los casos en que los empleados fueron sentenciados por abuso sexual.103 Entre 1998 y 1999, se pagaron aproximadamente ocho millones a 70 supuestas víctimas de abuso, con acuerdos de entre 20.000 y 200.000 dólares por caso.104 Según la información provista por el gobierno canadiense, hasta el 21 de mayo de 2007, el valor total del litigio en relación a las Escuelas Residenciales Indias llegó a 120.700.000 dólares, mientras que el valor total otorgado por daños por parte de las sentencias ADR alcanzó los 128.200.000 dólares.105 Es por lo tanto incuestionable que financieramente es más beneficioso para el gobierno australiano implementar el modelo de una Comisión de Verdad y Reconciliación con un Programa de Reparaciones adjunto, en lugar de seguir en un camino de litigios y de determinación de reparaciones ad hoc a las víctimas. El modelo propuesto por la Ley de Tasmania y el Proyecto de Ley de Reparaciones tiene una serie de defectos. En primer lugar, se trata de un proceso escrito, con plazos muy breves, que no logra involucrar a toda la sociedad. En tanto es el Asesor de las Generaciones Robadas el que presenta el informe ante el parlamento, lamentablemente el proceso no contempla la posibilidad de que las víctimas cuenten sus historias públicamente, lo que podría reconocer la heterogeneidad de la población AIET. Ello permitiría también un mayor reconocimiento de los idiomas AIET, sobre todo considerando una presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU describiendo el estatus de no reconocimiento oficial de los idiomas AIET.106 Existen una serie de beneficios de una Comisión de Verdad y Reconciliación, como las audiencias simultáneas en cada uno de los Estados o territorios, con miembros de la comunidad tanto indígenas como no indígenas integrando la Comisión como delegados. Ello sería un paso más adelante de los modelos contenciosos que no han dado resultado hasta el momento. Además, a esta Comisión, debería adjuntarse un Programa de Reparaciones y debería otorgarse una compensación pecuniaria coherente con los montos recomendados por la Ley de Tasmania y el Proyecto de Ley de Reparaciones.

En gran medida, la comunidad australiana ha intentado borrar un capítulo muy oscuro de su historia o, al menos, tratarlo de modo precipitado. Dadas las consecuencias actuales sufridas por los descendientes de las Generaciones Robadas, el pueblo australiano, y particularmente el gobierno australiano, no pueden negar los hechos del pasado, por más que se los quiera interpretar de modos variados. La unidad y la reconciliación entre los australianos indígenas y no indígenas depende del esclarecimiento de la verdad, de recordar el pasado para reescribir la historia de Australia con exactitud. La verdad es necesaria para la catarsis social de los AIET y constituye una parte esencial del reconocimiento nacional de las consecuencias actuales que sigue teniendo la separación de los niños AIET alejados de sus familias y comunidades en la mala salud, empleo, educación y estatus social de los actuales aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.

NOTAS 1. Oficialmente Australia tiene dos grupos de indígenas, denominados aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. En este trabajo se les aplica la sigla AIET. Ver Gobierno Federal Australiano, Departamento de Asuntos Aborígenes y de Isleños del Estrecho de Torres, Indigenous Fact Sheet, disponible en , actualizado el 14 de junio de 2007. 2. Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, “Bringing Them Home” (“Trayéndolos a casa: informe de la investigación nacional sobre la separación de los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres”, Canberra, AGPS, 1997, en adelante: “Trayéndolos a casa”), disponible en , actualizado el 20 de enero de 2007, p. 31. 3. Se puede encontrar un resumen de toda la legislación sobre “separación” en “Trayéndolos a casa”, nota 2, pp. 600-648. 4. Nigel D’Souza, “Authors of Our Own History: The Challenge for All Australians Presented by the Final Report of the Human Rights Commission of National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from Their Families Forum-The Stolen Generation: From Removal to Reconciliation-Authors of our own History”, University of New South Wales Law Journal, vol. 21, 1998, pp. 204, 205 citando un artículo de prensa publicado en SNAICC el 4 de agosto de 1991, Día Nacional de los Niños Aborígenes e Isleños. 5. “Trayéndolos a casa”, nota 2, pp. 2-3. 6. Ver Ibid., donde cita toda la evidencia recogida durante la Investigación Nacional. 7. Anne Orford, “Commissioning the Truth”, Columbia Journal of Gender and Law, vol. 15, 2006, p. 867. 8. En 1989, la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y para la Protección de las Minorías de Naciones Unidas le encargó a Theo van Boven la tarea de realizar un estudio sobre el derecho de restitución, reparación y rehabilitación para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, considerando las normas internacionales de derechos humanos existentes y más importantes así como las decisiones de peso y los puntos de vista de los organismos internacionales de derechos humanos. Ver Theo van Boven, Informe Final del Relator Especial de Naciones Unidas, Estudio sobre el derecho de restitución, reparación y rehabilitación para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales, Doc. de la ONU, E/CN.4/Sub.2/1993/8 (1993). 9. Van Boven, Informe Final del Relator Especial de Naciones Unidas, op. cit., p. 4. 10. Priscilla Hayner, Unspeakable Truths: Facing the Challenges of Truth Commissioners Routledge, Nueva York y Londres, 2002, pp. 17-18, 313. 11. Ver “Trayéndolos a casa”, nota 2, p.15, respecto de la separación contemporánea de niños AIET hasta la publicación del informe en 1997, y sentencias de negación de custodia aplicadas a indígenas. 12. Ver la discusión sobre la transferencia intergeneracional de los efectos de la separación forzosa tratada en “Trayéndolos a casa”, nota 2, pp.174-175, 188-189 y 481-483. Ver también la investigación sobre la asociación de traumas no resueltos del pasado sufridos a lo largo de muchas generaciones de indígenas AIET con el abuso sexual a niños en la actualidad dentro de las comunidades indígenas, en Janet Stanley, “Child Sexual Abuse in Indigenous Communities”, trabajo presentado ante Child Sexual Abuse: Justice Response or Alternative Resolution Conference, realizada por el Australian Institute of Criminology en Adelaide, entre el 1 y 2 de mayo de 2003, disponible en < http://www.aic.gov.au/conferences/ 2003-abuse/stanley.pdf>, actualizado el 26 de agosto de 2007. 13. Ver Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), “Canada-Background,” marzo de 2007, disponible en , actualizado el 14 de junio de 2007. Ver también Canadian Indian Residential Schools Settlement Agreement, Schedule N: Mandate for the Truth and Reconciliation Commission, 8 de mayo de 2006, [en adelante Acuerdo IRS], 5, §4(c), disponible en , actualizado el 14 de junio de 2007. 14. Acuerdo IRS, nota 13. Ver también “Trayéndolos a casa”, nota 2, p. 231. 15. Coral Dow, Parliament of Australia-Parliamentary Library, E-Brief: the stolen generation. Publicado en abril de 2000 (actualizado en julio de 2006). Disponible en , actualizado el 6 de mayo de 2007. Ver también “Trayéndolos a casa”, nota 2, pp. 16-17 para las audiencias en todo el territorio australiano, el apoyo dado por testigos que ofrecieron información confidencial y la obligación de la CDHIO de archivar toda la evidencia y las presentaciones a la Investigación. 16. Peter Read, A Rape of the Soul So Profound, Allen and Unwin, 1999, pp. 25-26. 17. Ibid, p. 26. 18. Public Interest Advocacy Centre (PIAC), Presentación ante el Comité de Referencias Legales y Constitucionales del Senado [Senate Legal and Constitutional References Comité], Parlamento de Australia, Canberra 2000, p. 29, disponible en , actualizado el 23 de julio de 2003 (en adelante, Presentación de PIAC).. 19. Antonio Buti, “Unfinished Business: The Australian Stolen Generations”, E-Law Murdoch University Electronic Journal of Law,7(4), 2000, disponible en , actualizado el 14 de junio de 2007, párr. 21. 20. “Trayéndolos a casa”, nota 2, p. 306. 21. “Trayéndolos a casa”, nota 2, pp. 245-249. 22. Ver Pablo de Greiff, “Justice and reparations” en Pablo de Greiff (ed.), The handbook of reparations, Oxford: Oxford University Press, 2006, p. 468. 23. Comité del Día de la Disculpa, “A national sorry day”, disponible en